Columna de opinión: Página 12: "¿Qué es progreso y desarrollo?"

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Sábado, 4 de mayo de 2013
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¿Qué es progreso y desarrollo?

Por Gerardo Gomez Coronado *
El objeto principal de esta nota no es el análisis de la represión irracional que la Policía Metropolitana realizó el pasado 26 de abril. La Defensoría del Pueblo de la Ciudad ya se pronunció por la Resolución 872/13, señalando entre otros ítem que “nada puede justificar semejante accionar policial que configura un caso de evidente gravedad institucional, ... se constató que el operativo fue dispuesto de madrugada, sin aviso previo a las autoridades del hospital, con conocimiento de que habría conflicto y sin que se haya adoptado ninguna medida de resguardo de los pacientes o profesionales del hospital”. Hago mías las palabras de la defensora del Pueblo Alicia Pierini: “Ejercer violencia ante una protesta expresa la impotencia política para conducir, abordar o encauzar los conflictos que son propios de cualquier sociedad”.
Tampoco haré en esta oportunidad una apreciación valorativa sobre la iniciativa del Centro Cívico en Barracas con los fondos obtenidos por la venta del edificio conocido como “Mercado del Plata”, aprobado por la Legislatura en el marco de un acuerdo que incluyó la reforma del Código de Planeamiento para permitir la construcción sobre decenas de hectáreas desafectadas del uso ferroviario sobre las que ya nos explayamos (Ver nota “El pacto de Perú” en m2 del 17/12/12).
Sí considero interesante abordar un argumento recurrente por parte de los funcionarios (y de profesionales de la construcción), sobre la identificación del progreso de un área degradada o menos desarrollada con el incremento de la capacidad constructiva, y como único indicador de valuación de calidad de vida la cotización de mercado del metro cuadrado de las propiedades. Es una lógica que pudiera tener algún correlato empírico al comparar los valores de Palermo con Soldati o Pompeya, pero que hace agua cuando comparamos el valor de la superficie edificada en la Villa 31 con el de muchísimos barrios residenciales consolidados del GBA.
Esta lógica apreciativa parece inspirada en la definición del hombre urbano exitoso que nos daba Eduardo Galeano: “Que no puede mirar un cuadro sin calcular su precio, o mirar a otro hombre sin calcular sus ventajas o a una mujer sin calcular el riesgo”. También se la puede identificar con la historia del desarrollo urbano de la Ciudad, la que salvo interesantes experiencias de excepción (Plan Regulador de 1925, etc.) estuvo marcada por una planificación dictada por el mercado. Vaya paradoja que sobre este tópico coincidieron desde la arquitecta planificadora de origen marxista Susana Flores hasta Antonio Bullrich, intendente designado por el presidente Roca quien, quejándose por las ordenanzas que aprobaba el Concejo Deliberante de entonces, afirmaba que “es absurdo lo que se está permitiendo... todo se edifica, cada terreno baldío se entrega a la especulación y cuando la densidad reclame estos pulmones o jardines públicos, será necesario pagarlos a precios exorbitantes...” Ejem, no se puede menos que acordar que esta premonición de 1904 del intendente conservador y conocido martillero se ha cumplido acabadamente.
Esta lógica urbana hasta tiene su correlato en los espacios públicos y sobre las políticas gubernamentales para intervenirlos. Patricia Phillips, en forma obviamente exagerada, refiriéndose a los programas urbanos, nos plantea que “el espacio público, tal como hoy se define, es en verdad un eufemismo socialmente aceptable utilizado para designar un área dejada de lado por los desarrolladores privados”.
Hasta la sanción del Plan Urbano Ambiental, uno de los últimos estertores normativos que reflejaban este paradigma de progreso=incremento de capacidad constructiva lo tenemos en las disposiciones especiales para el Area de Desarrollo Prioritario (zona sur) del Código, que (siguiendo la lógica del mercado) fue aprovechada para aumentar la altura de los edificios en zonas ya consolidadas como el eje de Montes de Oca-Martín García o en derredor de Parque Chacabuco, pero no sirvió para desarrollar las zonas más postergadas.
¿Está mal llevar inversiones a las áreas postergadas? Claramente que no, de hecho la descentralización administrativa hacia la zona sur no solamente está contemplada en los lineamientos del Plan Urbano y el Plan Estratégico, sino que estuvo contemplada en las propuestas y programas de gobierno de casi todas las fuerzas políticas de los últimos lustros. Pero ¿por qué el macrismo dejó de lado las propuestas primigenias de instalar el centro cívico en los terrenos ferroviarios del eje Pompeya/Parque Patricios/Barracas que, además de desarrollar una zona postergada, descongestionaría el tránsito pasante del Area Central, algo que el Centro Cívico en Barracas no resuelve y hasta agrava? La respuesta inicial que me ofreció un alto funcionario sobre la imposibilidad de acordar con el gobierno nacional el uso de los terrenos dejó de tener asidero con el mencionado acuerdo legislativo de noviembre.
Es más, la eliminación de los desequilibrios territoriales a los que el Estado está obligado normativa y éticamente implican necesariamente el desarrollo de políticas e inversiones públicas: las luminarias de Patricios y Pompeya deberían tener el mismo grado de mantenimiento y potencia lumínica que las del centro y la avenida Santa Fe, el mobiliario urbano y los juegos en las plazas de Soldati y Lugano deberían ser de igual o mejor calidad que los instalados en el resto de la Ciudad, el asfalto, empedrado, arbolado y espacios públicos de esta zona deben tener una mayor inversión y un mantenimiento sistemático.
Todo esto debe conjugarse en un marco de sustentabilidad ambiental. Estamos a tiempo de no repetir los errores que la falta de planificación urbanística conllevó a Belgrano, Saavedra y la cuenca del Maldonado. Parafraseando al intendente Bullrich, la falta de previsión no sólo le hará pagar al Estado precios exorbitantes, además se podrá llevar vidas.
* Defensor adjunto del Pueblo de la CABA.


Prensa: Página 12- "La aventura de vivir en Barracas"

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Sábado, 4 de mayo de 2013
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La aventura de vivir en Barracas

Bajo bandera guatemalteca, sin monumento en la plaza Colombia, el barrio se pregunta por qué lo tratan así.

Por Sergio Kiernan
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El barrio viejo de las Barracas es un tesoro nacional, el mayor conjunto de patrimonio edificado en contexto urbano que nos queda. Para el macrismo en el poder, esto significa un cantero de negocios para su industria mimada, la de la construcción especulativa, pura torre. Por eso cada batalla de Proteger Barracas y de los vecinos del barrio tiene una importancia particular: están en la línea del frente. Los durísimos eventos del Hospital Borda muestran el nivel de descontrol al que puede llegar este gobierno porteño, que ni siquiera tiene la capacidad de gestión de hacer que su infantería se forme como corresponde, cuando se trata de hacer obras y dar contratos. El Borda, no es casual, también está en Barracas.
Lo que puede explicar dos peculiares chicanas que vivió recientemente el barrio. Una es que ya pasó un año largo desde que el Departamento de Monumentos y Arte, el famoso MOA, retiró el monumento al Izamiento de la Bandera de la plaza Colombia. Las piezas de bronces de Julio César Vergottini fueron arrancadas y cargadas en un camión para, supuestamente, ser restauradas. Los vecinos de Proteger Barracas las visitaron el 1º de Mayo del año pasado y las vieron tiraditas en el taller del MOA en los bosques de Palermo. Este 1º de Mayo repitieron la visita y las encontraron igualmente tiraditas, sin la menor señal de algún trabajo. El único cambio es que algunas de las esculturas del grupo, tiradas al aire libre, estaban medio cubiertas de ramas y barro por la última tormenta.
En julio del año pasado, los diputados Julián D’Angelo y María Elena Naddeo presentaron proyectos de resolución pidiendo que se solucione el tema. La Junta Comunal de la Comuna 4 hizo un pedido de informes. Nada ocurrió y parece que Vergottini sigue sin presupuesto de restauración.
Lo que sí cambió en la plaza Colombia es el pabellón. Los vecinos reclamaron porque la bandera del mástil –el mismo que embellecía el grupo escultórico– era un harapo descosido y sucio. Esta semana, el gobierno porteño cambió la bandera, pero con una novedad: la colgaron de costado, con las bandas “verticales” y no horizontales. Los de Barracas se preguntaron por un momento si habían amanecido en Guatemala, pero enseguida percibieron que el macrismo no tiene la capacidad de gestión ni de colgar la bandera nacional como se debe.

UN VIEJO CONOCIDO

Antes de la última Navidad, Proteger Barracas detectó un problema en un lote de la calle Hornos 810, casi en la esquina de Aristóbulo del Valle. No era, como es tan común, una demolición clandestina sino algo más raro: un anuncio comercial de obra con todos los números de trámite correspondientes, pero con una zonificación vieja. Sucede que se anunciaban diez pisos donde a partir del cambio de alturas de la Ley 3954, sancionada en noviembre de 2011, sólo se podían hacer tres. La Dirección General de Registro de Obras y Catastro, sin embargo, había emitido un permiso el 9 de agosto de 2012, nueve meses después del cambio de ley. El defensor adjunto del Pueblo porteño, Gerardo Gómez Coronado, intervino de inmediato. Y los lectores de m2 recordarán las álgidas y enojadas palabras del desarrollador involucrado.
Meses después de la peripecia, los de Barracas festejan que el asunto quedó formalmente cerrado. La DGROC admitió su error, aunque por supuesto no lo unió a la incompetencia general del gobierno macrista sino que culpó a una “desactualización del sistema informático”. Lo curioso del asunto es que en el mismo documento la dirección general intima al arquitecto que tramitó el permiso a “regularizar su situación” en el plazo perentorio de veinte días, lo que equivale a decir que la culpa es de la compu y del cliente, pero no de los funcionarios. Nada se dice, sin embargo, de por qué el Ejecutivo de la Ciudad tarda y tanto en actualizar sus propias bases de datos.
¿Cuántos “errores” de este tipo pasarán sin escándalo porque los vecinos no los vieron a tiempo? Y las comillas se explican por un último detalle del relato: resulta que el permiso de obra por diez pisos fue concedido, como se dijo, el 9 de agosto de 2012, pero las planchetas del Código de Planeamiento Urbano, la biblia de los permisos, se cambiaron el 12 de abril de ese mismo año para incluir la nueva y más baja zonificación. Qué interesante sería que la dirección general explicara exactamente cómo fue el error, en apariencia misterioso.

Prensa: New York Times- "An Argentine Tradition Threatens to Crumble With City Architecture"

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An Argentine Tradition Threatens to Crumble With City Architecture


BUENOS AIRES — As Concepción Martínez, her husband and two daughters pulled into the last subway station here, cheers and clapping erupted from the throngs of people, some wearing turn-of-the-20th-century dress, waiting on the platform.
Camera flashes lighted the tunnels as passengers took their final rides in the saloonlike wagons — with their wooden benches, frosted glass lamps and manually operated brass doors — of South America’s first subway line.
“Every day, I ride this train into work, so this is a kind of goodbye,” Ms. Martínez said.
The antique Belgian-built cars, a symbol of Buenos Aires’s early-20th-century wealth, were taken out of service this year, and their retirement is a poignant example of the city’s struggle to preserve its physical history as some of its icons and infrastructure crumble.
An audit last fall cautioned that much of Buenos Aires’s underground transit system was in a dangerous state of disrepair, and that the city’s oldest line — linking the presidential mansion, the Casa Rosada, and the Once train station south of downtown — should be removed from service immediately.
“Maintenance is not considered adequate,” the audit said, citing a train disaster in Buenos Aires last year that killed 49 passengers and wounded hundreds more.
But a local reaction against the retirement of the La Brugeoise trains, known here affectionately as Las Brujas, or the witches, has fueled a debate over which elements of Argentina’s rich cultural heritage are worth saving.
“They want to modernize and expand, but they haven’t considered how the trains move people emotionally,” said Gerardo Gómez Coronado, who oversees architectural protection at the city’s planning department.
Preservationists say illegal demolitions, chronic underinvestment and unimaginative architecture that is replacing the historic buildings threaten to erase the city’s heritage as a mecca for European immigrants, who arrived in boatloads to what was, at the beginning of the last century, one of the richest countries in the world.
“Argentina promised to be a very, very important country,” said Teresa Anchorena, an artist and member of the National Commission of Museums, Monuments and Historic Places, which lobbies for the protection of hundreds of sites throughout the country. “Argentina’s broken promise is reflected in its buildings.”
With its ornate cars, the Buenos Aires subway was the first built in Latin America and the 13th in the world, ahead of the systems in Madrid, Tokyo and Moscow. At the time, Argentina was the world’s ninth-richest country, according to the historic incomes database of the British economist Angus Maddison.
In 1910, newspapers in 80 languages were available in Buenos Aires. The city had the region’s biggest zoo and a well-regarded research center on infectious diseases. Argentina’s gross domestic product per capita was nearly twice that of Spain’s and nearly five times bigger than Brazil’s, according to the database.
Decades of fighting seized lands from the indigenous Patagonians and greatly expanded Argentina’s agricultural opportunities in the country’s south. The ensuing economic bonanza fueled by beef and grain exports, which continue to be core industries here, drew millions of immigrants from Europe.
The most successful among them flaunted their good fortune by commissioning famous European architects. Immigrants financed opera houses modeled after those in Vienna and Paris, the world’s biggest Edwardian train terminal, and a private mansion that was a tribute to the French palaces of Louis XIV and is now the French Embassy.
Many buildings, including the Palacio Anchorena, built by Ms. Anchorena’s mercantilist grandfather, who was prominent during Argentina’s gilded age, are protected by law from demolition along streets like Alvear Avenue, a prime example of Argentina’s belle epoque.
But in many neighborhoods, city code has been flouted, and historic buildings have been demolished at astonishing speed since Argentina’s economic collapse in 2001, when the country defaulted on nearly $100 billion in sovereign debt, plunging half of the population below the poverty line.
Government leaders justify a laissez-faire attitude toward new construction by framing it in terms of economic recovery, Mr. Gómez Coronado said.
For many architects, the Buenos Aires of old was a tabula rasa, with buildings often containing myriad influences from across Europe. The result is a synthesis that is uniquely Argentine, said Mónica Capano, a former Buenos Aires cultural minister.
“This eclecticism is the city’s identity,” said Ms. Capano, president of the Network for Patrimony, an umbrella group that advocates preservation.
The draftsmen of the famed architects copied the designs of their European teachers, building entire neighborhoods of Tudor homes or German chalets. Italian immigrants built lay society temples devoted to Galileo, da Vinci and Verdi, structures the likes of which are thought to exist nowhere else in the world, said Fabio Grementieri, an architect who specializes in buildings from the early 20th century.
“People undervalue it because they say it’s only a copy of Europe,” he said. “Strangely, Argentina has consecrated tango and literature, which are a great mixture of cultural influences, but not the third manifestation of this mixing, which is architecture.”
Preservationists acknowledge that new construction is inevitable but complain that too little of the city’s history is being spared. One of many buildings at risk of demolition, preservations say, is the 1923 Palacio Barolo, a mansion commissioned by a self-made millionaire and designed in accordance with the cosmology of Dante’s “Divine Comedy.”
“They want to demolish this,” warn posters plastered onto the sides of a row of houses in San Telmo, the first Spanish settlement in Argentina, now a Buenos Aires neighborhood. Inside one of the semi-dilapidated buildings, the antique décor has been stripped and a family of squatters has moved in.
Building codes eased after each of Argentina’s three coups from 1956 to 1977, Mr. Gómez Coronado said, and the city’s ornate spaces have been subject to decades of urban redevelopment.
In the jagged skyline of Palermo Soho, a tree-lined neighborhood, stately Spanish-style casonas, which are houses built around a courtyard, sit awkwardly alongside high-rise apartments.
The countless once-grand and now grimy homes across Buenos Aires, with their neoclassical columns and crystal chandeliers, stained-glass cupolas and unhinged lattices, are testament to years of political and economic upheaval, Ms. Anchorena said.
“What’s happened to these buildings is a little like what’s happened to Argentina,” she said. “These buildings are witness to the Argentina that still could be.”
The decommissioned subway cars now sit on a vacant lot, and some have been vandalized, according to local news reports, with pieces torn off and hawked over the Internet.
But Alberto Rosenblatt, who has played the violin in Buenos Aires’s oldest subway stop for years, said he was not nostalgic about the old trains.
“They are already 100 years old,” he said. “This is an opening for another 100 years, but of progress, not regression. We will not always be looking backward.”
This article has been revised to reflect the following correction:
Correction: April 19, 2013
The Buenos Aires Journal article on Tuesday, about the Argentine capital’s struggle to preserve its architectural and physical history as some of its famous buildings and infrastructure crumble, misidentified a train station that was linked to the Casa Rosada presidential mansion by the city’s oldest subway line. It is the Once station south of downtown, not the Constitución regional train station.

Prensa: Página 12- Ledesma, el creativo

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Sábado, 20 de abril de 2013
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Ledesma, el creativo

El director general de Interpretación Urbanística se destaca por su creatividad para blanquear irregularidades y permitir obras nuevas.

Por Sergio Kiernan
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Aunque parezca mentira, el gobierno de Mauricio Macri sí posee algunos funcionarios notables por su astucia, si no por su inteligencia. Un caso es el de su director general de Interpretación Urbanística y Registro, arquitecto Antonio Ledesma, un verdadero creativo a la hora de interpretar lo urbanístico a favor de la industria inmobiliaria especulativa. Este mes, el Boletín Oficial publicó dos disposiciones de Ledesma que autorizan obras con argumentos preocupantes para el público y –deberían serlo– para el funcionario, que francamente firma todo.
El primer caso es del viejo asilo de Sánchez de Bustamante 2351, cerquita de Pacheco de Melo, un rincón de la ciudad justo atrás del Hospital Rivadavia, que sufrió una especie de ataque colectivo de los especuladores. Casi simultáneamente se vendió y se demolió la esquina francesa de planta baja con local –una linda casa de té– y primer piso, con la increíble autorización del increíble Consejo Asesor en Asuntos Patrimoniales, que “desestimó” un edificio de época intacto. Como previó un vecino en una pintadita anónima sobre el cartel de obra, se iba a construir “otra caja de zapatos” sin talento y sin el menor amague de arquitectura.
Mientras ocurría esto, el asilo iba siendo demolido de adentro para afuera, sin permiso de ningún tipo. Los vecinos protestaron airadamente ante esta obvia ilegalidad, pero lo único que lograron –ayudados por la Defensoría del Pueblo y por Basta de Demoler– fue que un par de tímidos inspectores fueran al lugar. Lo de tímidos va porque el cuidador no los dejó entrar y se retiraron sin “comprobar” el ilícito, cosa que este suplemento y cualquier hijo de vecino pudo hacer mirando por las ventanas abiertas.
Nada de esto le importó al arquitecto Ledesma, que emitió una disposición donde cita interminables parrafadas técnicas sobre ocupación del terreno, “esquemas compensatorios de volúmenes”, retiros, pulmones de manzana y otras cosas seguramente aplicables a un lote vacío. Pero sobre la demolición en sí se escuda en una resolución de su jefe Héctor Lostri, secretario de Planeamiento Urbano, que en 2010 se tomó otra vez la libertad de sacar por mano propia al asilo del catálogo preventivo, hábito que debería ser de interés penal. Los fundamentos eran que el edificio estaba muy deteriorado, con “corrosión” en sus hierros y humedades.
Así cubierto, Ledesma procede a “considerar factible desde el punto de vista urbanístico y en un todo de acuerdo en los considerandos” a la futura torrezota a erigir en el terreno de 1600 metros cuadrados.
Otro caso en el que impunemente se demolió sin permiso, se dejó caer las ruinas y se obtuvo un blanqueo. Ni siquiera hubo una multita.

En Floresta también

Los atentos vecinos de Floresta, por su parte, no salen de su asombro con la creatividad desatada del gobierno porteño. Nuevamente, es el arquitecto Ledesma quien termina firmando cosas preocupantes para la ciudad y también para él. En este caso, es la disposición 358/DGIUR/13, publicada en el Boletín Oficial de este lunes, que trata sobre el triste destino de la hermosa casa de la foto, que agraciaba la esquina de San Nicolás y Bacacay. Legalmente, el papel firmado por Ledesma trata del expediente 1.966.547 iniciado el año pasado, que pide saber si es posible instalar una perfumería y una farmacia en el horrendo local que reemplazó esta quinta de primera agua. Según el expediente, son locales por un total de 122 metros cuadrados en San Nicolás 218. ¿Por qué tanta pregunta? Porque la esquina está en plena Area de Protección Histórica, con lo que las actividades permitidas tienen límites.
Según informa la Gerencia Operativa Supervisión Patrimonio Urbano (parece que existe tal cosa, aunque no se note para nada) en su dictamen 4429, se puede poner ese tipo de comercio si es menor a 200 metros de superficie. El dictamen continúa hablando de la “obra nueva” en el lugar, con foto y todo, y hasta cita un Informe de Verificación Especial que se habría realizado en el lugar.
Es entonces en que el dictamen se pone interesante, porque pasa a citar la intervención de algo llamado Gerencia Operativa Grandes Proyectos Urbanos, categoría que ahora parece incluir farmacias de esquina. La pregunta que se le hace a esta entidad es clave: “determinar si el inmueble puede considerarse preexistente para la localización del rubro Farmacia”. Resulta que la ley de APH dice que se puede instalar una farmacia, de hasta 200 metros, pero solamente si ya había un local en el lugar. Lo que no se puede hacer es justamente construir un local nuevo.
Grandes Proyectos Urbanos contesta haciendo un largo y farragoso resumen de la legislación sobre farmacias, pero va al tema en el punto b, que dice que “de la observación del Plano de Obra Nueva adjunto a fs. 42 surge que fue registrado bajo Expediente Nº 75.284/2006 y con fecha 30 de Junio de 2011, para el edificio en cuestión”. Esto se refiere al nuevo local. Y con este argumento incomprensible, GPU llega a la conclusión que “en este caso particular, sería posible la localización del uso Comercio Minorista de Artículos de Perfumería y tocador”, pero no la farmacia, simplemente porque ni San Nicolás ni Bacacay son avenidas.
Los colegas de Supervisión Patrimonio Urbano, pasivamente, concurren y recomiendan permitir la perfumería y prohibir la farmacia. Ahí es donde Ledesma, con pompa pública, dispone “Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la localización del uso Comercio Minorista de Artículos de Perfumería y tocador para el inmueble sito en la calle San Nicolás Nº 218” y “Deniégase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la localización del uso Comercio Minorista: Farmacia”, que es lo mismo pero a la Luis 14.
Pero resulta que Ledesma no puede decir que el Estado es él y su disposición termina siendo analizada por los minuciosos miembros de Salvar Floresta, una ONG que vigila su barrio y su APH con un estilo ejemplar. Lo primero que señalan estos vecinos es que la dirección San Nicolás 210 no tiene existencia legal, ya que el lote está registrado como Bacacay 3601 (sección 77 | manzana 116 | parcela 021C). Esto puede sonar a tontera, pero lo que sigue no: como indican las fotos, en esa esquina nunca hubo un local. Quienes construyeron los nuevos locales destruyeron una de esas magníficas quintas que alguna vez fueron comunes en Buenos Aires.
Esto es tan específico que hasta existe una actuación de la Defensoría del Pueblo del 14 de noviembre de 2011. En esa fecha, el ombudsman adjunto Gerardo Gómez Coronado pidió a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro que informara si había una solicitud de obra para la casa antigua. DGROC se tomó cinco meses para contestar, el 19 de abril de 2012, que efectivamente había un pedido del 30 de junio de 2011 para construir nueve locales cuya habilitación se podrá hacer sólo en los términos de la ley que creó el APH. Gómez Coronado, nada satisfecho, le vuelve a escribir al director general, Guillermo García Fahler, para saber si hay un expediente de demolición y para que le remita los planos autorizados. La respuesta llega el 23 de octubre, diciendo que no, que no hay expediente alguno.
Ahora bien, resulta que los vecinos saben más que el gobierno municipal sobre qué está pasando en Floresta, zona vandalizada por los outlets, y adjuntan a su denuncia un barrido de fotos. En la de 2007 se ve la casa intacta, preciosa. En 2008 se la ve desaparecer gradualmente, los techos primeros, y en la de 2009 se ve un lote vacío, lo que se confirma por una foto aérea tomada por el mismo gobierno porteño. A todo esto, finalmente sí aparece un expediente sobre el terreno, que curiosamente tiene fecha del 2006 y es para construir locales del rubro textil.
En resumen, dice Salvar Floresta, la Gerencia Operativa de Grandes Proyectos Urbanos no hizo ni remotamente bien en autorizar “en este caso particular” la apertura de nada pero nada en esa esquina donde nunca existieron locales. Es más, la autorización de 2006 era para textiles, no farmacias o perfumerías, y todo debería haberse reinterpretado a partir de la APH. Pero con este gobierno, el ladrillaje siempre tiene la razón.

Sin tono

Como si les proveyera el servicio la vieja Entel, el Ministerio de Desarrollo Urbano sigue sin Internet. Según se rumorea, porque nadie explica, la página fue hackeada en marzo y desde entonces no funciona, con lo que no hay manera de saber en qué andan el notable Daniel Chaín y sus adláteres, lo que es siempre preocupante. Nadie parece muy preocupado por el tema, ni apurado por resolverlo, porque es una bella excusa para no subir la información del Consejo Asesor en Asuntos Patrimoniales, entre otras molestas de la publicidad de los actos de gobierno. La Defensoría General –la penal– ya está estudiando el caso.

¿Van por La Paz?

Los mozos del muy tradicional bar de la calle Corrientes, verdadera base de la intelligentsia porteña, andan preocupados por el rumor: la tentadora esquina de Montevideo recibe cada vez más ofertas para la venta-demolición-construcción de torrezota. La Paz es un Bar Notable de la ciudad, pero la comisión específica apenas respira y raramente sirve para algo, con lo que son los vecinos movilizados los que salvan otros notables como el Británico o el Gato Negro. Habrá que estar de ojo, entonces.


Prensa: Página 12- "Inundaciones, planes y sábanas cortas"

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Sábado, 13 de abril de 2013

Inundaciones, planes y sábanas cortas

Por Gerardo Gómez Coronado *
En la nota central de m2 del sábado pasado se abordó ampliamente y con profusión de datos la cobertura de las inundaciones en Buenos Aires y La Plata, ahondando con acierto sobre varias de sus causas y consecuencias, como así también sobre las responsabilidades de los funcionarios.
Sobre las responsabilidades en el caso platense cabría agregar las que en su momento tuvieron el Consejo Deliberante y la intendencia al aprobar y promulgar un Código de Ordenamiento Urbano al que el editor de este suplemento calificó de “carta blanca a la piqueta y a las grandes constructoras”, marcando a su vez la acción tardía de instituciones que debían proteger el patrimonio, como la Comisión Nacional de Museos y Monumentos y la lamentable promulgación de este código por el gobernador. De la misma forma que resulta temerario apuntar a esta normativa urbanística como factótum de la tragedia –aunque sí existen responsabilidades del Ejecutivo por las obras en el arroyo El Gato– a esta altura no caben dudas de que un código que permite la invasión de los centros de manzana para permitir la construcción de “segundos cuerpos” trae aparejada una disminución del FOS, o dicho en criollo: menor cantidad de suelo absorbente.
El jueves, las noticias sobre precipitaciones ¿extraordinarias? de casi 170 milímetros en un par de horas nos llegan desde la ciudad de Santa Fe, con la secuela de calles y casas
inundadas en varios barrios del casco urbano. Al analizar estos eventos naturales, cuyas consecuencias se potencian por efecto antropógeno, encontramos no solamente la reiteración de un fenómeno climático que se caracteriza por el incremento en la intensidad de las precipitaciones para zonas focalizadas de la llanura pampeana –no hay opiniones unánimes sobre si estos cambios son efectivamente estructurales promediados anualmente–, sino que también vemos cómo en cada uno de estos distritos se abordó la problemática utilizando herramientas teórico-técnicas similares, pero con implementaciones y gestiones variadas.
Cuando hablamos de una matriz teórica similar nos referimos al análisis comparativo del Plan Maestro Integral de la Cuenca del Salado (PMI), concluido en 1999 por la provincia de Buenos Aires, el Plan Hidráulico de la Ciudad de Buenos Aires elaborado en 1998 y el Plan de Monitoreo de la cuenca baja del Río Salado en Santa Fe, confeccionado por el Instituto Nacional del Agua, el Conae y la intervención de la Universidad del Litoral entre 1998 y el 2003.
Si observamos los momentos de elaboración de cada uno de estos planes, descubrimos situaciones motivadoras que fundamentaron sus propuestas: las grandes inundaciones de los ’80 y ’90 en la región noroeste y la Laguna de Las Encadenadas en Buenos Aires, el carácter eminentemente prospectivo que la Constitución de la Ciudad les dio a los temas urbanos –Plan Urbano Ambiental, Plan Estratégico, Consejo Económico y Social– del cual el gobierno radical de ese entonces se hizo eco con entusiasmo –Plan Hidráulico, Plan de Expansión de la Red de Subterráneos, etc.– y en el caso santafesino, basta recordar las bochornosas inundaciones del río Salado, que afectaron un tercio de la capital de dicha provincia, dañando seriamente las aspiraciones políticas de Reutemann.
Quien esto escribe dista muchísimo de ser un especialista en hidráulica como para poder realizar una apreciación técnica valorativa de estos planes, pero sí considero oportuno resaltar algunos rasgos positivos: el abordaje integral de las cuencas y principalmente la necesidad de realizar obras que brinden soluciones estructurales minimizando las externalidades negativas. Es así que en la cuenca del río Salado, luego de la experiencia fatídica de planes anteriores por haber derivado los excedentes líquidos hacia zonas que no estaban en condiciones de contener mayores volúmenes de agua –que se llevaron puesta la villa turística termal de Epuyén, cercana a Carhué– se plantearon distintas medidas estructurales, entre las que sobresalía la excavación de nuevos canales de drenaje y la ampliación de los existentes fundamentalmente en la desembocadura sobre la Bahía de Samborombón y la zona baja de la cuenca, de forma tal de que no se produjera un “efecto tapón” para las aguas que bajaran de la zona oeste, evitando de esta manera el “efecto sábana corta” que habían tenido las intervenciones hidráulicas anteriores.
En Santa Fe tomaron debida nota de que las inundaciones no provenían sola y principalmente desde el Paraná y la laguna Setúbal, sino que debían cuidar su “retaguardia” y prevenirse de las aguas del Salado.
En nuestra Ciudad de Buenos Aires, el Plan Hidráulico previó un conjunto de acciones, que en cierta medida se han convertido en políticas de Estado –por lo menos en los discursos y plataformas de los partidos políticos porteños– como ser la construcción de canales aliviadores de los arroyos Maldonado, Cildáñez, Vega y Medrano, ya que el entubamiento practicado en la primera mitad del siglo XX impedirían soluciones más económicas y sustentables, como la ampliación de la canalización y dragado, y a su vez (contemplando el caso bonaerense) mejorando la capacidad de drenaje y descarga en el Río de la Plata (todavía se discute si confiar en los sistemas de compuertas o si deben crearse lagos reguladores para evitar los efectos de las sudestadas).
Lamentablemente, de la misma manera que en nuestra ciudad se previó un plan de obras integrales recabando experiencias propias y ajenas, no se hizo lo mismo al momento de ejecutarlas: justamente porque es un “sistema”, el flujo hídrico ni se evapora ni desaparece. Los porteños, en los últimos años, también estamos pagando el precio de la imprevisión y de los efectos “sábana corta”. Particularmente en el caso del arroyo Vega (el desborde del arroyo Medrano y fundamentalmente la tragedia de La Plata disimularon su protagonismo durante la última tormenta), donde los trabajos (útiles y necesarios) en la zona alta de la cuenca –Villa Devoto, Villa Pueyrredón– solucionaron los anegamientos en esas barriadas, pero trajeron aparejados un mayor caudal de agua que “baja” hacia Belgrano, con los consabidos estragos en la zona de Blanco Encalada, ya que el aliviador hacia la desembocadura en el Río de la Plata no da abasto. Indudablemente, las obras en la desembocadura del Vega debían hacerse o bien antes o al menos simultáneamente al mejoramiento de la capacidad de drenaje y escurrimiento de la zona alta de la cuenca.
La realización de obras parciales desconectadas de un plan integral terminan provocando tragedias. Situaciones menos trágicas, pero similares encontramos en el arroyo Maldonado, donde mientras el gobierno no termina de “festejar” los efectos de la obra en la zona de Palermo, se inunda la zona de Villa Mitre y Santa Rita.
Por último, las declaraciones del jefe de Gobierno sobre que “las zonas aledañas a los arroyos Vega y Medrano se seguirán inundando hasta que no se realicen las obras estructurales”, se tornan cínicas e irresponsables en la medida que el mismo Gobierno de la Ciudad sigue autorizando la construcción de edificios multifamiliares a la vera de esos cauces.
* Defensor Adjunto del Pueblo de la CABA.

Prensa: Página 12 "Bajo el agua"

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m2
Sábado, 6 de abril de 2013

Bajo el agua

 Por Sergio Kiernan

Negar la realidad equivale a volar por instrumentos. Las computadoras tranquilizan, la máquina parece saber lo que está haciendo, pero en una de esas terminás viendo muy de cerca una montaña. Es lo que acaba de pasarle al gobierno porteño con la feroz y fatal tormenta de la Semana Santa. Peor fue en La Plata, pero ahí sí se puede aplicar la disculpa de que nunca había pasado: como dijo la misma Presidenta al visitar su barrio de la infancia, estas cosas no pasaban en su ciudad.
Pero a Mauricio Macri le avisaron una y otra vez que las tormentas no sólo se iban a poner peor sino que tendrían consecuencias cada vez mayores. No se puede esperar que el ingeniero-intendente comprenda eso del calentamiento global, tema seguramente demasiado a largo plazo para él, y mucho menos que haga algo al respecto si ni siquiera quiere hacer una planta de tratamiento de aguas. Pero que haya seis muertos y daños masivos en Buenos Aires es plenamente de su alzada.
Esta ciudad es un espacio construido con sus peculiaridades. Es una llanura blanda, de poco relieve y francamente esponjosa, famosa en tiempos coloniales por sus interminables aguadas, pantanos y pajonales húmedos. Los porteños llevan siglos rellenando y crearon espacios como las Barrancas de Belgrano al ahuecar la costa para rellenar Palermo, cuando Rosas mandaba carretones para su quinta. Esta lucha contra el agua no llega a ser holandesa, pero es una memoria histórica.
Y es algo que no le importó a la primera camada de especuladores inmobiliarios que hacia 1886 empezaron a lotear la flamante Capital Federal sin tener la menor consideración con el agua. Las tres cuencas principales de lo que hoy es la ciudad, los arroyos Medrano, Vega y Maldonado, fueron loteadas y construidas hasta el borde. Borges recordaba que su Villa Malcolm –hoy paquetamente rebautizada Palermo Viejo– era el barrio de las latas, inundable y marginal.
Para valorizar esos terrenos y cumplir el sueño feo de crear un espacio homogéneamente cubierto de edificios, se entubaron los arroyos, decisión muy complicada. No hay ley natural que ordene que esto funcione mal, pero entubar lo natural implica un altísimo nivel de mantenimiento y planeamiento, dos fobias de los porteños. Los arroyos entubados se taparon hasta con autos por décadas y por más décadas no se ampliaron ni cambiaron.
Comparemos con Nueva York, que este año se asombró cuando el huracán Sandy logró lo imposible: cerrar el subte inundando los túneles. En más de un siglo de existencia, nunca había ocurrido. Ni en los tiempos de la máquina a vapor había entrado agua salada al sistema. Sandy fue una tormenta de una magnitud nunca vista, por suerte, entre nosotros, lo que da una idea de la magnitud del desastre.
En 1998, el efímero jefe de Gobierno y más efímero presidente Fernando de la Rúa sancionó el Plan Director Hidráulico para mejorar el drenaje de la ciudad interviniendo en las tres cuencas. En 15 años, se completaron las obras del Maldonado, se prometieron las del Vega para 2015 y ni siquiera se empezaron las del Medrano. Donde los porteños deberían estar evaluando el rendimiento del sistema y pensando en modernizarlo otra vez, estamos esperando que alguien termine de una vez un plan ya obsoleto.
Macri le agrega a este chanterío heredado el carácter manifiestamente cosmético de su gestión. Al jefe actual no le gustan los túneles porque no se ven, como sí se ve el muy cuestionado metrobús. Mientras se queja de que no tiene créditos internacionales por culpa del gobierno nacional, gasta buenos dineros en la Nueve de Julio haciendo una obra que nadie le pidió y nadie quiere, pero que es fotografiable. Es la misma lógica que hace que no haya suficientes guardias de tránsito o suficientes inspectores de obra, para mencionar dos rubros que cuestan vidas, pero no dan para la foto inaugurando.
Y por supuesto está el tema de fondo, el sueño de la ciudad de densidad máxima, con la mayor cantidad posible de gente apiñada, sin espacios verdes ni drenajes, pero juntita en torres. Esta visión de ciudad es la más rentable posible para un sector especulativo al que Macri cuida como propio. No sólo hay torres y se pierde la costa “blanda” que defiende la ciudad de las sudestadas haciendo de colchón absorbente. Hasta los adoquines vuelan, reemplazados por asfalto o vueltos a poner arriba de una carpeta de hormigón perfectamente impermeable. Todo para dar contratos.
Una de las tantas imágenes de la inundación porteña resulta ejemplar de esta tendencia. Es una cochera en un edificio nuevo en la calle Luis Beláustegui, Santa Rita, un barrio que no sufrió una catástrofe. Pero la cochera al aire libre era un sereno lago cubriendo los autos hasta el techo porque fue construida bajo el nivel de la vereda. Alguien encontró rentable desafiar la física de esta manera y alguien encontró rentable permitir este desafío. Lo mismo ocurre con el incompetente asfaltado de las calles, que lejos de canalizar las aguas las empuja hacia las veredas porque la calzada es una curva, en muchos casos al nivel de la acera o más arriba.
La Defensoría del Pueblo porteño atendió este verano un caso que realmente da vergüenza ajena. Los vecinos de Núñez se comunicaron el 7 de diciembre con el defensor adjunto Gerardo Gómez Coronado y le enviaron fotos de los “sapitos” de su barrio, completamente inundados por la tormenta del día anterior. Esa tormenta fue nada comparada con la de esta semana, pero alcanzó para anegar por completo los pasos bajo nivel de la línea Mitre, en particular los de Crisólogo Larralde y Manuela Pedraza.
La incompetencia y falta de planeamiento del gobierno porteño fue tal que, todavía al día siguiente de la tormenta, nadie había cerrado los túneles, con lo que había regios embotellamientos de autos que trataban de pasar por ahí, se encontraban con la laguna y tenían que maniobrar para salir. Por supuesto, nadie había puesto un cartel de desvío indicando un camino alternativo. Todo esto se repitió y peor esta Semana Santa.
Gómez Coronado le pidió al inexplicable ministro de Desarrollo Urbano de la ciudad, Daniel Chaín, que le comunicara si iba a hacer un canal aliviador bajo la calle Arcos a la altura de Campos Salles, para drenar los sapitos. Nunca le contestaron. En estos días tampoco hubo siquiera una valla y un cartel desviando el tránsito.
El juez Fastman
Lisandro Fastman es juez porteño desde hace exactamente 23 días y ya tiene su primera recusación, un record verdaderamente notable. El magistrado tomó el Juzgado 14, del que era secretario, justo después de que lo subrogara el juez Guillermo Scheibler, que decidió la cautelar sobre el destrozo de los árboles de la avenida Nueve de Julio. Scheibler no tomó la cuestión de fondo, que era la necesidad o posibilidad legal de hacer el metrobús, pero ordenó parar con el manoseo a los árboles y nombró a la UBA –Facultad de Agronomía– como asesora en su manejo. Todo fue apelado por ambas partes.
Pero el tema ni llegó a la cámara, como corresponde, cuando Fastman decidió cambiar todo. El 26 de marzo el juez levantó la prohibición y le permitió a la ciudad “asesorarse” con sus propios jardineros. El fallo es notable porque le da piedra libre al macrismo en funciones para romper todo y porque es una segunda vuelta de la primera instancia, una novedad jurídica que seguramente creará un antecedente.
Este miércoles, una de las amparistas, Mónica Capano, recusó a Fastman “por la emisión de opiniones intempestivas respecto de cuestiones pendientes que aún no se encuentran en estado de ser resueltas”. Capano acusa a Fastman de faltar a su deber de mandar la causa a la cámara y, “de manera sorpresiva”, emitir una resolución que “tergiversa y modifica de manera subrepticia” la cautelar. Lo más grave, legalmente, es que lo acusa de “sustitución indebida del rol que le cabe a la segunda instancia, creando una especie de instancia única”.
Parece que Fastman, como señala Capano en su escrito patrocinado por Pedro Kesselman, anuncia nomás cuál será su fallo final sobre la cuestión de fondo. ¿No habrá ya segunda instancia en los temas que realmente le interesan al gobierno de Mauricio Macri?
Furcios
Hay cosas que los norteamericanos no entienden ni entenderán, como nuestro maravilloso arte de improvisar. Por eso andan tan enojados en el World Monuments Fund con una reciente publicación de la serie Patrimonio Argentino, de Clarín, dedicada a la reducción jesuítica de San Ignacio Miní. Este número trece de la colección que dirige María de las Nieves Arias Incollá, de recuerdo indeleble tras su gestión del patrimonio porteño bajo Ibarra/Telerman, hace la historia de las obras realizadas en las ruinas. Pero hay un recorte quirúrgico de varios años, justo los que toman los trabajos realizados con financiación del WMF –y de la Fundación American Express– y dirigidos por el especialista Marcelo Magadán.
Lo curioso del caso es que muchas de las fotos del fascículo le fueron pedidas a Magadán, un arquitecto muy acostumbrado a registrar sus trabajos. Y también es curioso que los trabajos posteriores a su intervención, que sí están incluidos en el texto, siguen las técnicas que el WMF y Magadán establecieron como apropiadas para el sitio.
El monumento
La idea de trasladar el monumento a Cristóbal Colón de la plaza justo atrás de la Casa Rosada –de hecho, su jardín privado desde 2007– a Mar del Plata está levantando críticas y una medida legal doble. Por un lado está la delicadeza física de esas 623 toneladas de mármol de Carrara, tan blando él, que hacen que sea peligroso pensar en desarmarlas, trasladarlas 400 kilómetros y volver a armarlas. También hay que tener en cuenta que varios especialistas en patrimonio edificado coincidieron en que la estructura muestra sus casi noventa años frente al río, con erosiones y grietas, con lo que ponerlo frente al mar sólo agravaría su desgaste.
El grupo ¡Salvemos a las Estatuas! se alarmó por la idea y Basta de Demoler acaba de presentar un amparo para evitar la mudanza, en el que nombra por igual al gobierno nacional y al de la Ciudad. El reclamo es porque la plaza Colón, aunque cerrada al público desde hace seis años, sigue siendo propiedad de la Ciudad, que de hecho pagó las obras de enrejado y construcción. En ningún momento el convenio firmado entre los dos gobiernos para enrejar y modificar la plaza dice que ésta pasó a ser propiedad de la Nación.
Con lo que el gobierno nacional no tiene base legal para sacar una propiedad porteña de un lugar porteño. Como el gobierno local no movió un dedo, aunque el monumento ya está cubierto con lonas, queda incluido en el amparo por su pasividad o su acuerdo tácito con la movida. La única manera legal de sacar o poner un monumento es con el voto de la Legislatura, que tiene la exclusividad de imponer “nombres a sitios públicos, disponer el emplazamiento (y desplazamiento) de monumentos y esculturas y declara monumentos, sitios y lugares históricos”.
El tema ya lo tiene el juez Francisco Ferrer, del Juzgado porteño 23. Bastante costó: nadie quiso habilitar la feria para recibir el escrito durante el feriadón.

 http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/m2/10-2478-2013-04-06.html


Prensa: Página 12- "Adoquines y comuna"

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http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/m2/10-2472-2013-04-03.html

 

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